LA JUNTA ARBITRAL

 La Junta Arbitral de Consumo tiene por objeto fomentar la solución amistosa de aquellos conflictos y reclamaciones que afecten a los consumidores y usuarios, propiciando una rápida y equitativa satisfacción de las controversias y reclamaciones planteadas. Tiene competencia para atender reclamaciones de consumidores y usuarios, que tengan su domicilio o razón social dentro del ámbito territorial de la Junta, siempre que no concurra intoxicación, lesión o muerte, ni existan indicios racionales de delito.

 Es un procedimiento voluntario, por lo que tanto el consumidor como el empresario deberán manifestar su adhesión al mismo para resolver el conflicto planteado.

 Es un procedimiento gratuito, privado, igualitario, sencillo, ejecutivo, ágil y participativo.

 Si desea consultar que empresas se encuentran adheridas al Sistema Arbitral de Consumo o el procedimiento para tramitar su solicitud de arbitraje, la página Web del Instituto Nacional de Consumo dispone del listado de empresas adheridas al Sistema Arbitral de Consumo, así como de información de como se tramita el procedimiento arbitral.

 ¿Que ventajas ofrece el Sistema Arbitral al empresario?

 El distintivo oficial que exhiben las empresas o profesionales adheridos a este sistema ofrece a los clientes una garantía añadida sobre sus productos o servicios.

 Favorece el diálogo y la confianza con los clientes, los cuales, en caso de desacuerdo, pueden utilizar este sistema.

 Evita pleitos largos y costosos.

 Apoya la imagen de prestigio, de las empresas o profesionales, propiciando su selección por parte de los consumidores.

 La composición del Colegio Arbitral es tripartita: Administración, consumidores y sector empresarial. Es decir, que los intereses, tanto de los empresario o profesionales como de los consumidores, estarán representados en la propia Junta Arbitral.

 Beneficio de la publicidad institucional a favor de las empresas y profesionales adheridos al Sistema Arbitral de Consumo.

 Es gratuito. En caso de litigio, no se originan costes para ninguna de las partes.

 El resultado del Arbitraje de Consumo se produce antes de cuatro meses desde la designación del Colegio Arbitral.

La resolución del arbitraje se recoge por escrito y es de obligado cumplimiento para las partes.

  INSPECCIÓN

 La inspección es el conjunto de acciones encaminadas a examinar o reconocer si un establecimiento, producto o servicio cumplen con lo establecido en la legislación vigente, debiendo prestando especial atención a aspectos que puedan afectar a la salud, seguridad e intereses económicos de los consumidores y usuarios. La inspección puede deberse a alguna reclamación o denuncia de un consumidor, por campañas, o bien de oficio cuando el inspector aprecie alguna infracción.

  INSPECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

 Corresponde a la inspección de consumo la supervisión y el control de los productos, bienes y servicios de uso común ordinario y generalizado, para comprobar el origen e identidad, el cumplimiento de la normativa vigente en materia de precios, etiquetado, presentación y publicidad y los demás requisitos exigidos por las disposiciones aplicables en cada momento.

 Cuando los inspectores aprecien algún hecho que estimen pueda constituir infracción, levantarán la correspondiente acta, en la que harán constar las circunstancias personales del interesado, los datos relativos a la empresa que inspeccionan y los hechos que sirvan de base al correspondiente procedimiento sancionador.

 
 
DERECHOS DEL CONSUMIDOR O USUARIO

 La normativa de protección a los consumidores y usuarios parte de un concepto de consumidor o usuario que es algo diferente a la noción común del término. Según la legislación que protege nuestros derechos, consumidor o usuario es toda persona que adquiere, utiliza o disfruta algún producto o servicio, siempre que lo haga corno destinatario final.

  Por ejemplo, quien compra una botella de leche para el desayuno es un consumidor y quien utiliza el transporte público para - ir al trabajo es un usuario. Si los productos o servicios son adquiridos por personas o empresas para ser incorporados a procesos de producción, transformación, comercialización o prestación de servicios a terceros, estas personas o empresas no son consideradas legalmente como consumidores.

  Por ejemplo, la persona que compra leche para fabricar pasteles y venderlos en su pastelería no es un consumidor y la empresa que utiliza un tren para transportar sus mercancías no es un usuario.

  NUESTROS DERECHOS BÁSICOS

  DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y DE LA SEGURIDAD. Los productos o servicios no deben suponer un peligro para la salud o la seguridad física de quienes los consumen o utilizan.

  DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS Y SOCIALES. Antes de comprar un producto o de utilizar un servicio, tiene derecho a saber lo que le va a costar, los artículos expuestos para la venta deben mostrar su precio; la oferta o publicidad de los productos y servicios no puede ser falsa o engañosa; las cláusulas de los contratos deben ser claras y establecer un justo equilibrio entre las partes, estando prohibidas las cláusulas abusivas, Los bienes de naturaleza duradera deben tener una garantía por escrito.

  DERECHO A LA INFORMACIÓN. Los consumidores y usuarios tenemos derecho a conocer las características de los productos o servicios que nos ofrecen.

  DERECHO DE PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN. Los consumidores tienen derecho a participar, ser consultados y representados a través de las asociaciones de consumidores en todos los asuntos relacionados con el consumo.

  DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS. Los consumidores y usuarios tenemos derecho a ser indemnizados por los daños y perjuicios que el consumo de bienes o la utilización de productos o servicios nos puedan causar. La OMIC le ayuda a canalizar sus reclamaciones, fomentando la solución dialogada y amistosa de los conflictos usando la mediación de la vía del arbitraje cuando las partes implicadas lo acepten.